Medio ambiente, presión social sobre las compañías, inversión extranjera y relaciones diplomáticas




<

La disputa se remonta al tiempo en que ENCE de España y Metsa-Botnia de Finlandia anunciaron la creación de dos grandes plantas de celulosa en el lado uruguayo del río que divide a éste país de Argentina. Ambos proyectos representaban grandes cantidades de inversión directa extranjera (IDE) (de hecho, sólo la inversión de ENCE representaba 10% del PIB de Uruguay).

Tras presiones sociales, mayoritariamente del lado argentino de la frontera así como disputas en la Corte Internacional de Justicia y Mercosur, ENCE anunció el abandono del proyecto.

Actualmente, la mayor parte de reglamentos en lo que concierne el medio ambiente son considerados como derecho indicativo (no obligatorio o no vinculante) que desgraciadamente, no requiere ser respetado por los países excepto cuando esté expresamente especificado. Por ejemplo, en el marco del Protocolo de Kyoto, existen represalias sólo para los países que no llegan a cumplir con los objetivos a los cuales se comprometieron. Con certeza, en un marco de libre comercio internacional, los principios del desarrollo sustentable están en juego. Tanto los tribunales internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) no tienen poder alguno para sancionar a los gobiernos que obran mal en el ámbito medioambiental, puesto que su marco de trabajo está restringido solamente al comercio internacional. Básicamente, la única apelación que las sociedades civiles y los Estados tienen, se encuentra dentro de principios básicos del derecho internacional que son: el principio del que contamina paga, de precaución y de prevención[1] .

"La existencia de estándares medioambientales menos estrictos en los países de menor renta… no es razón suficiente para reclamar que los estándares medioambientales sean ‘demasiado bajos’ o que el país está manipulando sus estándares medioambientales para aumentar la competitividad de sus productores. Para justificar tal exigencia, sería necesario por lo menos demostrar que dichos estándares son aún más bajos de lo que serían siguiendo una base de los mismos factores, como el nivel ingreso per cápita y las características del entorno físico".

"Es claro que esto es muy difícil de realizar. Además, dicho cargo debería ser requerido a países altamente desarrollados en los cuales estándares medioambientales severos han sido adoptados en ciertas industrias mas han sido ignorados en otras bajo temor de baja competitividad en dichos sectores."

GATT (1992), p. 19.[2]

Igualmente, dos estudios empíricos indican que los flujos de comercio pueden ser afectados tras la integración de estándares medioambientales. Low y Yeats (1991) revelaron que las industrias con alto impacto negativo sobre el medio ambiente se han trasladado a países con estándares medioambientales más bajos[3]. A la par, los gobiernos de estos países tienen pocos o ningún recurso para integrar actividades regulatorias[4]. Así, en lo que concierne el caso de la papelera, la situación política de ambos países (especialmente en Argentina donde las elecciones presidenciales estaban próximas) se añade a la falta de influencia que el gobierno tiene o pudiera ejercer.

Sin embargo, este caso muestra claramente el poder que la sociedad civil puede ejercer en lo que se refiere a las acciones medioambientales; tanto el poder del gobierno como el de los tribunales internacionales se mostró ineficiente. De hecho, el rendimiento social de ENCE fue amenazado[5]. Así, la compañía posteriormente anunció que establecería la planta en un pueblo cercano. Y aunque la dirección en la cual ENCE decidió dirigirse como respuesta a las presiones sociales fue más de naturaleza reactiva so pretexto de una falta de infraestructura, ¿realmente resolverá esto la crisis ecológica que se aproxima?

En mi opinión, tanto la falta de influencia que tienen las organizaciones internacionales en lo que se refiere las situaciones de crisis medioambiental como la débil presión política que pueden ejercer los gobiernos, acentúa la importancia de la sociedad como regulador en este tipo de conflictos.

Por consiguiente, las empresas deberían preveer los impactos ecológicos de sus actividades cotidianas[6]. Actualmente, sabemos que existen maneras de controlar las externalidades negativas para encontrar el desarrollo requerido en el logro de un desarrollo sustentable. De esta manera, para conseguir verdaderas soluciones sustentables ecológicamente, los gerentes deben concentrarse en encontrar el balance óptimo de los beneficios a través de sacrificios, sabiendo que es imposible obtener algo por nada[7].

Las empresas cuentan con una gran cantidad de instrumentos disponibles que les permiten hacer frente a dilemas ecológicos. Por ejemplo, los estudios de impacto pueden ayudar a presas de celulosa a encontrar el nivel óptimo de polución. Asimismo, estudios demuestran nuevas maneras de producir celulosa y fibra con menos impacto medioambiental[8]. Todo esto se logra trabajando con las partes interesadas con el objetivo de encontrar una manera de fusionar los retos económicos, sociales y medioambientales.

Nos encontramos frente a un gran reto, especialmente, en mi opinión, a causa de la falta de poder de los actores internacionales y locales. Las medidas en las que se involucran los países más poderosos pueden ser vistas como proteccionistas mientras que el poco regulado libre comercio puede resultar en impactos desastrosos que son generalmente irreversibles, sobretodo desde un punto de vista medioambiental. Sin duda alguna, los países en vías de desarrollo cuentan con un alto riesgo en lo que se conoce comúnmente como dumping ecológico (eco-dumping). ¿Quizás la competitividad de los países y sus empresas respectivas esté en juego? ¿Deberían los países ser forzados a escoger entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente? Sin lugar a dudas, algunos podrían pensar en medidas extraterritoriales que podrían ser llevadas a cabo por Argentina, sin embargo, esto podría representar represalias consideradas actualmente como ilegales en cualquier marco de comercio internacional (los países no pueden legislar a otros). Un ejemplo podría ser que Argentina penalizara el comercio con Uruguay so pretexto del costo de la contaminación del río. En contraste, un acuerdo medioambiental regional o incluso multilateral podría ser útil. Estos acuerdos buscan la harmonía entre las partes involucradas incluyendo la legislación medioambiental apropiada. En este caso, los intereses de las partes interesadas estarían tomados en cuenta bajo un marco legal contemplado por el GATT y la OMC.


1 De Sadeleer, N., Environmental Principles. Oxford University Press (2003).
2 Barret, S., (1992) Strategic environmental policy and international trade. London Business School and Centre for Social and Economic Research on the Global Environment.
3 Ibid
4 Compte rendu de l’ouvrage sous la direction de Diana Tussie, The Environment and International Trade Negociations : Developing Country Stakes Édité par International Development Research Center, Ottawa, 2000, 263 p.par Olivier Boiral, professeur adjoint à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval Boiral, O. (2001) Etudes Internationales, vol. XXXII, no 2, juin, p. 372-3755
5 Boiral, O. et D. Joly (1992), Stratégie, compétitivité et écologie, Revue Française de Gestion, juin-août, p.80-95.
6 Ibid.
7 Desimone, L.D. and Popoff, F. (2000), Eco-Efficiency. MIT Press
8 BASF - The Chemical Company, 2006

 
comments powered by Disqus